El subinspector de la Policía Local detenido este martes en la localidad cacereña de Plasencia en el marco de la operación 'Enredadera' ha pasado a disposición judicial para prestar declaración, tras lo que podría "quedar en libertad próximamente".
Así lo ha señalado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, quien a preguntas de los periodistas en Badajoz ha confirmado la puesta a disposición judicial de este subinspector de la Policía Local de Plasencia detenido.
En su intervención, la delegada del Gobierno ha explicado que el Cuerpo Nacional de Policía lo que está haciendo es "colaborar" con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en una investigación que se está llevando a cabo desde un juzgado catalán.
En el caso de Extremadura, ha concretado García Seco, la tarea de la Policía Nacional "ha sido simplemente trabajar en la detención de ese subinspector" y en su "puesta a disposición judicial", en relación a lo cual ha apuntado que cree que se le va a tomar declaración y que "parece ser que quedará en libertad próximamente".
Yolanda García Seco ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa este martes en Badajoz en la que, junto a la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta, Begoña García Bernal, ha informado sobre la reunión de coordinación entre administraciones y organismos en la lucha contra los incendios forestales.
REGISTROS EN EL AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA
Cabe recordar que durante la jornada de este martes se han practicado registros en el Ayuntamiento de Plasencia, en el que hasta el momento se ha detenido a un subinspector de la Policía Local de esta localidad cacereña, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.
En todo el país, son unas 40 los municipios en los que se está desarrollando esta operación lanzada este martes por la Fiscalía Anticorrupción junto con agentes de la UDEF y que prevé la detención de "diversas autoridades y funcionarios" y registros y requerimientos de documentación por estos contratos.
Los hechos investigados, según una nota de prensa de la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
