Los Gobiernos de España y Portugal han cerrado un acuerdo "amistoso" para resolver la disputa por la construcción de un almacén de residuos en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), según el cual Lisboa se compromete a retirar la denuncia que interpuso ante Bruselas y Madrid, a trasladar toda la información "relevante" en materia de medio ambiente y seguridad nuclear.
La solución ha sido anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, Antònio Costa, en una declaración conjunta firmada también por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien ha ejercido de mediador entre las partes.
El compromiso pactado establece "un proceso de consulta y diálogo constructivos" entre Madrid y Lisboa, con el objetivo de resolver la controversia creada y que incluirá la visita de expertos portugueses y de la Comisión a la central cacereña "en los próximos días", según detalla la Comisión.
La delegación viajará "tan pronto como sea posible" a Almaraz y en ella irán representantes de las direcciones de Medio Ambiente y de Energía del Ejecutivo comunitario, así como miembros del Gabinete de Juncker. El objetivo es conocer la tecnología y las características de seguridad previstas en la central.
Esto abre un periodo de dos meses de consulta y estudio durante el que, según la declaración firmada por Rajoy y Costa, España "no emitirá ni ejecutará la autorización" para comenzar las operaciones del almacén.
Ese tiempo se empleará, por contra, para "examinar y tomar en consideración" las reservas lusas al proyecto y para contemplar medidas posibles para abordar estas dudas.
Aunque los términos del acuerdo no obligan a España a detener los trabajos ni a emprender una evaluación de impacto medioambiental, las autoridades españolas sí deberán "abstenerse" de toda medida que pueda ser "irreversible", según ha indicado en una rueda de prensa el portavoz comunitario en materia medioambiental, Enrico Brivio.
Ello supone que las obras "pueden continuar, pero antes debe producirse una consulta" con las autoridades lusas, han insistido Brivio, para quien es "prematuro" decir si será necesaria una evaluación de impacto --tal y como reclamaba Portugal-- o quien debería asumir los costes de ese estudio.
Bruselas ha explicado que el diálogo reforzado pretende servir de plataforma para la "consulta y evaluación conjunta" de la situación y para entender si la evaluación de impacto medioambiental "es necesaria" o bien la información ofrecida por el Gobierno español será "suficiente".
"Hoy es el inicio de un proceso basado en la confianza mutua entre las dos partes", ha apuntado el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas. Precisamente este martes, Juncker ha conversado telefónicamente con Rajoy y espera hacerlo en las próximas horas con Costa.
En su declaración conjunta, Rajoy y Costa han explicado que en un contexto de "inmensos desafíos" para la Unión Europea, las controversias entre Estados miembros que son "aliados tradicionales" deben resolverse "rápidamente", en un espíritu de cooperación y consenso.
Se trata de un pacto que "prueba la cooperación pragmática" de los dos países y la voluntad de la Unión Europea de "resolver problemas".
En este contexto, y tras las garantías de las autoridades españolas, el Gobierno portugués retirará la denuncia presentada el pasado mes de enero ante la Comisión Europea en contra de España por incumplimiento de la legislación comunitaria.
La mediación de Juncker se inició el pasado 3 de febrero en Malta, según ha indicado ahora Bruselas, en el marco de la cumbre europea que se celebró en Valeta y que propició un encuentro con las partes en los márgenes de la reunión a Veintiocho.
El diálogo entre las partes ha permitido, además, expresar el compromiso de "acelerar" los trabajos del grupo de alto nivel del Suroeste de Europa en materia de interconexiones de gas y electricidad, para conectar la Península Ibérica con el resto de mercados europeos.
