El proyecto minero afecta a la Z.E.C. Sierras de Alor y Monte Longo, a la que fracturará en dos zonas aisladas, arruinando su equilibrio ecológico y convirtiendo un paisaje extraordinario en una zona devastada.
La tramitación de la solicitud de explotación adolece de múltiples y graves irregularidades en lo relativo a información y participación pública, así como incompatibilidades con la ordenación urbanística, el desarrollo social sostenible y la economía local.
Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado alegaciones al proyecto de explotación minera a cielo abierto “Gato Montés” que la empresa Rio Narcea Níckel, S.A. pretende implantar en las localidades de Alconchel, Táliga y Olivenza (Badajoz).
Este proyecto es uno más de los muchos que la administración extremeña está tramitando actualmente y se enmarca dentro de un boom de la minería en España que ha llevado a Ecologistas en Acción a crear un Grupo de Minería a nivel estatal para hacer frente a la creciente amenaza de las multinacionales mineras en su intento de abrir explotaciones a cielo abierto en todo el territorio nacional.
El proyecto de explotación minera “Gato Montés” tiene una superficie de 2987,31 has. y en él se contempla, además de la propia corta a cielo abierto, la instalación de una planta de tratamiento, escombreras, balsas de decantación, desvío del cauce de dos arroyos y de caminos públicos.
Todas estas actuaciones tan agresivas se localizan en la parte central de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierras de Alor y Monte Longo y la fragmenta en dos zonas separadas, lo que supondrá una grave alteración del equilibrio ecológico de un espacio de gran valor en lo referente a biodiversidad, pues en él se pueden encontrar seis tipos de hábitat diferentes que albergan 42 especies animales y 7 vegetales con algún tipo de protección.
En este aspecto, el proyecto presenta múltiples incumplimientos e insuficiencias en la valoración de las afecciones que tendrá en el medio natural (Red Natura 200) y el patrimonio cultural, además de incompatibilidades con la ordenación urbanística, el desarrollo social sostenible y la economía local.
También se han apreciado numerosas irregularidades en la tramitación que la Junta de Extremadura ha hecho de la solicitud de explotación de la mina. Las más graves de ellas se refieren al proceso de información pública, ya que se omite que la concesión afecta a tres términos municipales (Olivenza, Táliga y Alconchel) y no sólo a este último, por lo que se ha producido una ausencia de notificación a gran parte de las personas vecinas afectadas por ser colindantes o muy próximas a la explotación, además de haber una falta de difusión de la documentación sometida a información pública.
En este sentido Ecologistas en Acción de Extremadura advierte de las graves consecuencias que de ella se derivarían para el futuro económico de las localidades de la zona. Los esfuerzos que tanto el Gobierno regional como los Ayuntamientos están realizando por fomentar el turismo de naturaleza y paisaje en el entorno de Alqueva, quedarían arruinados con la transformación de un paisaje natural a uno industrial y la consecuente pérdida de atractivo para potenciales visitantes. Baste recordar que la zona de explotación minera se localiza a menos de 500 metros del Castillo de Miraflores de Alconchel, lugar que se intenta posicionar como referente del astroturismo en Extremadura y que perdería gran parte de su interés para el turismo de observación de estrellas al igual que para el propio turismo cultural.
Con esto, si la Junta de Extremadura aprobara este proyecto, entraría en contradicción con su propia Estrategia 2030 de Economía Verde y Circular que tanto se esfuerza en promocionar.
Ecologistas en Acción alerta que estamos ante un ‘boom’ de la minería en España, diseñada en despachos de la Bolsa, sustentada por gobiernos de todo tipo e ideada para la continua especulación. El proyecto de Alconchel es uno de los muchos proyectos de minería a cielo abierto que han sido solicitados en el territorio español por multinacionales mineras.
Y denuncia que la causa de esta concesión sistémica de licencias mineras es la confluencia de una ley de minas pre-democrática que incentiva la compra-venta de derechos, proyectos y autorizaciones con el servilismo administrativo de los gobiernos autonómicos y el activismo especulador de especialistas internacionales mientras que, al final, son las comunidades locales, la economía rural y el entorno natural los grandes damnificados de esta nueva minería.
