Cáceres, 20 de julio de 2021.- El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Cáceres, Francisco Marroquín, ha calificado hoy de verdadera “aberración jurídica” la reforma fiscal aprobada por el Gobierno que hará que el valor de la vivienda quede al arbitrio de las haciendas autonómicas y estatal, lo que provocará en el contribuyente mucha confusión y una gran inseguridad jurídica.
El Gobierno ha aprobado la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que implicará un incremento en los impuestos derivados de operaciones inmobiliarias, así como en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, de Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones y en los de Actos Jurídicos Documentados, además de en el IRPF, entre otros.
Con esta reforma, el valor de la vivienda ya no estará fijado por “ponencias de valores”, sino que se calculará en base a los registros de precios que faciliten los Notarios y Registradores de la Propiedad por las transacciones inmobiliarias que lleven a cabo, sin necesidad de que se tenga que visitar el inmueble para ver en qué estado de conservación se encuentra, o las calidades de construcción, midiendo a todos por el mismo rasero.
Además, este nuevo valor de referencia catastral, que entrará en vigor en enero de 2022, se calculará cada año en el mes de octubre, lo que quiere decir que el valor de una vivienda que se venda en diciembre de 2024 se habrá calculado en octubre de 2023, ocasionando distorsiones en el valor de la misma.
Para Marroquín, esta nueva medida que “nos quieren imponer indebidamente, que no ilegalmente”, puesto que ya ha sido aprobada por ley, y contra la que no cabe una defensa directa, puede ser combatida presentando recursos a la Agencia Tributaria y a la hacienda autonómica.
Según dijo, “si un contribuyente no está de acuerdo con el valor catastral asignado a su vivienda, local, o garaje, puede impugnar ese valor, pero para ello necesitará una tasación oficial, y siempre, el asesoramiento de un profesional, ya sea un gestor administrativo, un abogado o un agente de la propiedad inmobiliaria, que quizá son los más cualificados por conocer la materia más directamente”.
Es cierto que esta circunstancia, indicó, puede hacer que los contribuyentes desistan, pensando que se van a gastar más en tasaciones y consultores que en lo que se van a ahorrar, pero insiste en que deben hacerlo ya que, si finalmente ganan el recurso la administración está obligada a asumir esos costes.
Marroquín ha señalado que las organizaciones profesionales no tenían conocimiento del contenido de la ley hasta que ha sido aprobada, una ley que “es una aberración jurídica y es un cheque en blanco para la administración”.
